Por falta de pruebas, un juez federal ordenó la liberación de las 11 personas detenidas, entre ellas, un chileno, por los disturbios ocurridos el pasado 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México cuando diversos grupos se manifestaron para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los jóvenes estuvieron recluidos en penales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
Tras su liberación este sábado, el Poder Judicial de la Federación dijo que el auto de libertad inmediata fue ordenado por “insuficiencia de pruebas” e “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”.
Los jóvenes Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzin Andrade González, Ramón Domínguez Patlán, Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo y Francisco García Martínez salieron de un penal federal en Veracruz.
Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Analí González fueron liberadas de una cárcel de Tepic, Nayarit. El chileno Laurence Maxwell fue llevado a oficinas de Migración. Todos ya fueron entregados a sus familiares.
SUSPENDEN A POLICÍAS QUE DETUVIERON A ESTUDIANTE DE LA UNAM
Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que los elementos policiacos que detuvieron Sandino Bucio Dovalí, de origen chileno, fueron suspendidos para que enfrenten el proceso correspondiente y se deslinden las responsabilidades, toda vez que no cumplieron con el protocolo.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el Comisionado Nacional de Seguridad instruyó, desde ayer mismo, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos que participaron en la detención, en virtud de que los mismos no se habrían apegado a los protocolos correspondientes.
El pasado 28 de noviembre, elementos detuvieron, a Sandino Bucio Dovalí, “a quien se le imputa la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en posibles actividades de corte vandálico”.
Detalló que Sandino Bucio fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, con el objetivo de que el presunto agresor declarara y en su caso fuera imputado por sus acciones.
La autoridad ministerial, quien dio acceso a la diligencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tomó la declaración con la cual inició una averiguación previa y puso en libertad a Sandino Bucio.
