El Senado de la República cerró el viernes el periodo ordinario de sesiones con el aval a dos reformas prioritarias: una, la político-electoral que se negoció en tiempo récord y en sesiones de madrugada; la otra, la de anticorrupción que luego de un año atorada se destrabó con la propuesta.
En un día, como sucedió en otras ocasiones, el Senado pasó ambas reformas constitucionales del análisis en comisiones a la votación en el pleno, les dispensó trámites y las remitió a la siguiente instancia.
La reforma política, entre rechazo de algunos integrantes del PRD y el PAN por los cambios que los diputados le hicieron, fue aprobada en lo general y en lo particular. Los senadores se allanaron a los cambios hechos por la colegisladora y se envió el documento a los congresos estatales.
Al ser una reforma constitucional, la mayoría de los congresos locales debe aprobarla para que tenga efectos y el Ejecutivo la pueda poner en marcha, con lo que el IFE será sustituido por el Instituto Nacional Electoral, habrá reelección para que legisladores puedan permanecer en cada Cámara hasta por 12 años, la PGR se convertirá en fiscalía general de la república, con autonomía, y procederá la anulación de las elecciones por rebase de topes de campaña.
Héctor Larios (PAN) consideró que los cambios emitidos por la colegisladora son “inaceptables”, sobre todo por una de las causales de nulidad de las elecciones, pues los diputados cambiaron la palabra “adquirir” por “comprar” cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. A su voz se sumaron otros legisladores.
Luego de un año en negociaciones, los senadores aprobaron la reforma anticorrupción, que nunca dejó de ser prioritaria. La autonomía de la PGR, que será fiscalía, destrabó la negociación para que no se le diera facultad punitiva al nuevo órgano anticorrupción que suplantará la Secretaría de la Función Pública. Después se la envió a la Cámara de Diputados para su discusión.
Los legisladores se congratularon por la aprobación de ésta. Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción, explicó que la corrupción va más allá de un problema ético, ya que “es un obstáculo para el desarrollo nacional que desalienta la inversión, paraliza la producción, amenaza la estabilidad nacional, polariza la distribución del ingreso y amplía el margen de desigualdad”.
La panista Laura Rojas expresó: “Mucho de nuestro atraso, de nuestro subdesarrollo, obedece a funcionarios que han renunciado a su misión de servicio y se han rebajado a ser simples mercenarios de lo público”.
Arely Gómez (PRI) comentó que los órganos anticorrupción (federal y estatales) podrán abarcar una amplia gama de facultades para acabar con el delito, desde la investigación, la capacitación de funcionarios y la prevención hasta el monitoreo, la persecución, la prevención y la coordinación de otras entidades o instancias administrativas, judiciales y policiacas.
