A fin de apoyar a las candidatas a diferentes cargos de elección popular del Partido de la Revolución Democrática y darles a conocer cuáles son las prioridades de la agenda legislativa federal de ese instituto político, Claudia Castello Rebollar, secretaria de Equidad y Género del CEN de ese instituto político, se reunió con las abanderadas del partido del sol azteca, a quienes informó que entre las prioridades más importantes están los temas relacionados con la mujer.
Reunidas en conocido hotel de esta ciudad, Castello Rebollar, señaló cinco puntos, que señaló, son fundamentales para el PRD, como es la trata de personas, la violencia hacia la mujer, derechos esenciales y reproductivos de las mujeres, derechos políticos de las mujeres y prohibir el acceso a cargos públicos a quienes tengan acusaciones de violencia intrafamiliar e incumplimiento de deberes familiares o manutención.
En el primero de los casos, señaló que la trata de personas es un problema que se ha incrementado y que del 2010 al 2013, aumentó en un 204 por ciento sobre todo de mujeres y niños, para explotación sexual y laboral, pues esto genera 32 billones de pesos anuales, luego del narcotráfico y tráfico de armas.
En cuanto a la violencia intrafamiliar, informó que en México, el 70 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y que hay una fuerte cultura en la sociedad de que la mujer tiene un lugar de subordinación y no tiene derecho a opinar. Lo que indicó también es una forma de violencia, que puede llegar al punto extremo de asesinato por odio, de los que el 85 por ciento lo cometen las parejas.
En este punto, destacó que el CEN del PRD a través de sus legisladores buscará que se tipifique en todas las entidades federativas la Ley de Derecho a una Vida sin Violencia, pues hay estados en donde se han encontrado mujeres muertas.
Más adelante, en cuanto al punto de derechos especiales y reproductivos, se pretende que la mujer tenga derecho a decidir con libertad sobre su cuerpo y la protección a su salud, y tener el derecho a interrumpir un embarazo, pues mientras en el D.F., se permite, en otros estados es un delito que se paga con cárcel de 6 a 10 años, como es el caso de Sonora.
Finalmente, sobre los derechos políticos de las mujeres, se buscará que no sólo haya paridad en las candidaturas a diputados locales, sino también a presidentes municipales.