Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad entre los países afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Aunado a esto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que en nuestro país 64.2 por cada mil nacimientos corresponden a personas entre estas edades, y los embarazos adolescentes son más probables cuando se trata de jóvenes que pertenecen a hogares de escasos ingresos, baja educación y que viven en zonas rurales.
Ante tal situación, los integrantes de la Segunda Comisión – Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública-, de la Permanente del Congreso de la Unión, aprobaron un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud refuerce las acciones y estrategias emprendidas hacia la prevención de embarazos en adolescentes, además de implementar tratamiento físico y psicológico materno-infantil adecuado a jóvenes en esta circunstancia.
El punto de acuerdo, suscrito por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), también hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo programas destinados a la educación sexual integral de los jóvenes, particularmente en lo que respecta a la prevención de embarazos.
El dictamen, estudiado por la comisión que preside Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN), señala que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio de hijos entre los grupos de 12 a 19 años de edad ha ascendido al 5.8 por ciento en las últimas dos décadas. “Hay entidades federativas como Baja California Sur y Chihuahua que rebasan los ocho puntos porcentuales”, subraya.
Relativo a esto, en los últimos 10 años en todos los estados, con excepción de Chiapas y Tabasco, aumentaron las cifras de madres menores a 20 años. Las entidades con mayor incidencia de embarazos adolescentes son Guerrero, Coahuila, Durango, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Colima, Yucatán, Tlaxcala.
“La ONU sostiene que los embarazos de adolescentes son el resultado de la ausencia de poder de decisión y de circunstancias fuera del control de la niña y tiene consecuencias psicosociales y físicas como preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de vías urinarias y aborto”.
“La o el recién nacido, en muchos de los casos, presenta prematurez, bajo peso, retardo en el crecimiento físico y en el desarrollo cognitivo, por señalar algunos. Además, hay una mayor posibilidad de morbilidad materno infantil”, sostiene el documento.
De acuerdo al mencionado órgano internacional, un programa de prevención de embarazo para adolescentes requiere no sólo de métodos anticonceptivos, sino de una educación sexual integral en la que se forme conciencia, entre otras cosas, del poder que se tiene para tomar una decisión significativa de vida.
“Esto hace necesario que se implementen y refuercen los programas tendientes a una correcta educación sexual en el que se concientice a las y los adolescentes de los riesgos y consecuencias posibles en un embarazo a edad temprana”, considera el dictamen.
“A su vez, es menester que en caso de que haya embarazo, se dé el tratamiento psicológico y físico adecuado para que las complicaciones materno infantiles que se producen en el embarazo, sean aminoradas y tratadas de forma médica adecuada”, concluye.
Proponen integrar asignaturas de trata de personas, derechos humanos e igualdad de género en educación básica y media superior
Posteriormente, se aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus homólogas en las entidades del país, a incluir y difundir en los planes y programas de estudio en los niveles de educación básica y medio superior conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos, atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y prevención de la trata de personas.
El exhorto solicita llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestros, inicial y en servicio, que incluya el contenido sobre estos temas.
Además pide a las Secretarías de Educación estatales o sus homólogas en las entidades federativas y el Distrito Federal, a que los contenidos regionales en los planes y programas de estudio consideren, incluyan y difundan dentro de sus asignaturas existentes estos tópicos.
La propuesta de los legisladores Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa (PRD), precisa que la trata de personas es una manifestación de la desigualdad de género, pues sus víctimas y potenciales son mayoritariamente niñas y mujeres, y el acto se comete principalmente con fines de explotación sexual.
Es también una prioridad de salud pública, sostienen los legisladores, al estar asociada con embarazos en adolescentes, abortos forzados o inseguros, y a infecciones de transmisión sexual como el Sida; por ello, una forma efectiva de prevención es la educación.
Resaltan que con esta propuesta, en planteles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se sentarán las bases para que los estudiantes conozcan, defiendan, exijan y fomenten nuevas relaciones de convivencia, donde los derechos humanos y la perspectiva de género sean las herramientas para evitar estos delitos, y los agentes de cambio contra el deterioro del tejido social.
Ejecutivo informe del proceso para ratificar tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
La Comisión también avaló un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a que informe de los avances del proceso para ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.
El documento precisa que este protocolo es un gran avance en el marco internacional de los derechos humanos de los menores, ya que amplía y fortalece el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, porque permite que ellos mismos y sus representantes realicen directamente denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones a sus derechos, siempre y cuando las instancias legales de su país se hayan agotado o que los mecanismos regionales o nacionales sean insuficientes.
Detalla que el protocolo promueve tres de los principios básicos de la Convención: la participación infantil, el interés superior del niño y la no discriminación. Además, el protocolo fortalece la representación y funciones del Comité de los Derechos del Niño y la obligación de los Estados a tener en cuenta sus decisiones.
Nuestro país, resalta, es parte activa de la Convención sobre los Derechos del Niño, y dado su compromiso con los niños mexicanos, es importante la firma del tercer protocolo, con lo que se reitera la intención de cumplir plenamente con este sector poblacional.
