El Estado mexicano “tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos”, aseguró la Cancillería al hacer “una serie de aclaraciones” en torno al informe de Juan Méndez, Relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -quien aseguró que la tortura en México es “generalizada”- en ocasión de la visita que realizó a México en 2014 y con lo que “da por terminado el diferendo”.
En un extenso comunicado, destaca que esta disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los últimos años enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.
En el comunicado México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.
Destaca que la Secretaría de Relaciones Exteriores valora positivamente la visita y las recomendaciones del Relator y, precisamente por la importancia que se asigna a la cooperación con los mecanismos internacionales, interesa que sus diagnósticos sean objetivos.
El informe del relator Méndez contiene un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han puesto en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.
Este análisis, junto con las recomendaciones del relator, que se han recibido con beneplácito, contribuye al fortalecimiento de tales políticas encaminadas a la completa erradicación de la tortura en México.
