El problema en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) en Campeche en relación a la población indígena, es que entre los internos hay cierto temor a la discriminación si dicen abiertamente que son indígenas, y esto hace que no puedan recibir el beneficio de una atención como tal, todo porque no se aceptan así en ese lugar, manifestó Leticia Enríquez Cachón, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.
-Fue uno de los puntos que se señalaron en el Informe, la gente no quiere decir que es indígena; y otro es que hay mucha gente que conoce los beneficios y se quiere hacer pasar como tal, para poder disfrutar de esos logros. Eso provoca que no se tenga un censo exacto de quién es la población realmente indígena.
Asimismo, apuntó que el asunto de los traductores, es una situación difícil pues no tienen el oficio de Abogado, no cuentan con conocimientos suficientes “y muchas veces hacen traducciones literales y no interpretativas, que realmente es lo que se debe hacer, pues en el vocablo maya, específicamente, literalmente dice una cosa pero la persona quiere decir otra”.
-Nos dieron un ejemplo: una persona decía “no oigo” y era “no entiendo”. Le hacen estudios y ven que está bien y no le dan el tratamiento que necesitaba que era no entendía de qué lo acusaban, no entendía cuál era la condena. El traductor en ningún momento le dio el sentido a lo que realmente quería decir o no se acercó para preguntarle qué quería decir, señaló.
-Se necesita una persona que su lengua madre sea la maya y que haya estudiado Derecho. En las comparecencias nos informa el Secretario de Gobierno que se han creado plazas para defensores de oficio con perfil de traductores, que es el primer contacto cuando cometen un ilícito. Además, se llegó a un acuerdo para que la CDI, el gobierno del Estado a través del área de Asuntos Indígenas, la misma Asociación, se pudiera generar un esfuerzo para que entre ellos se pudiera tener un primer encuentro de un diplomado para traductores que tengan un perfil y que se puedan formar ya personas específicamente en este esquema, sobre todo con el nuevo Sistema de Justicia Penal. No hay fecha pero no pasa de este año, posiblemente se haga en noviembre, apuntó.
Ante los señalamientos de hacinamiento, la legisladora priísta argumentó que datos que recibieron al 2015, no son certeros y agregó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer datos posibles pero “hay ingresos y salidas” al tiempo que aseguró que el nuevo Sistema de Justicia Penal ayudará a disminuir el hacinamiento en los penales.
-El Fiscal nos informó que el Ministerio Público ya integró los expedientes y se turnaron a los juzgados y eso va a agilizar a que se hagan trámites de sentencias, identificar quiénes pueden salir, así como identificar quienes tienen el beneficio de la ex carcelación porque ya cumplieron su condena o porque ya están en el tiempo de hacer de hacer servicio comunitario para compurgar la pena que les falta. Los delitos más graves, quienes los cometieron, serán los que se mantendrán ahí.
-Es necesario tener un censo real de cuántos indígenas son identificar cuáles son los tipos de delitos y a cuáles se les puede apoyar, finalizó.
