Los particulares -como son las empresas- podrán ser sancionadas por tribunales independientes y de nueva creación a partir de la reforma constitucional anticorrupción, que entró en vigor, cuando cometan delitos graves.
Mientras los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno podrán ser sancionados hasta con prisión, las empresas podrían ser disueltas.
En el acto de promulgación de la reforma, se advirtió que las sanciones podrán consistir en multas económicas y hasta la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios, además de que se incorporará la figura de extinción de dominio para los casos de enriquecimiento ilícito.
Las resoluciones, explicó el gobierno federal, serán tomadas por tribunales independientes, ya que la reforma constitucional contempla la figura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la creación de 32 órganos en todo el país.
La reforma estipula que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para dictar sus fallos y podrá dirimir controversias que se susciten entre la administración pública federal y particulares.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, consideró que con la entrada en vigor de la nueva ley hay un cambio de paradigma. Habrá sanciones muy fuertes para las empresas que participen en actos o relaciones de corrupción. Se podría llegar a la extinción de dominio y a la disolución de la empresa. Las empresas que reciban recursos públicos se vuelven sujetos obligados en materia de transparencia.
La reforma establece que los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con el cohecho, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños.
Serán las leyes secundarias las que establezcan los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones, establece la reforma constitucional promulgada.
