Inconforme por la falta de actuación del Ayuntamiento de Campeche al permitir la instalación y permanencia de tortillerías a distancias menores a las que la ley permite, José Pedroza Camacho, secretario general de la Unión de Productores de Masa y Tortilla “Ah Kim Pech”, realizó un plantón de protesta a las puertas de Palacio Municipal, exigiendo la atención de las autoridades municipales.
En breve entrevista, dijo que su protesta es porque le exigieron una carta de anuencia a una tortillería que tenía 550 metros de distancia del expendio más cercano del mismo ramo, pero no se actúa en contra de otras que están a distancias mucho menos, como 170, 370, no les exigen la carta.
-Son muchas anomalías, nos mandan motos y carros con bocinas a vender a 13 pesos el kilo. Son irregularidades.
Mientras realizaba su plantón, hizo acto de presencia el secretario del Ayuntamiento, Jesús Quiñonez Loeza, quien luego de escuchar las quejas del dirigente, le ofreció platicar en sus oficinas y “lo que esté en nuestras manos, ofrecerle”.
Señaló que son cuatro organizaciones de molineros con las que ha llegado a acuerdos la Comuna, pero sólo Pedroza Camacho decidió hacerse a un lado por “situaciones que no le gustaron”, por lo que el aludido aclaró que no se salió, sino que lo expulsaron y señaló que tiene diez afiliados, pero que 30 molineros lo respaldan, aunque nadie más lo acompañaba en su manifestación, solo su esposa, e indicó que “tienen miedo porque los ha amenazado Carmelo Salvador, que tiene tortillería a 300 metros, otra a 450”.
– No me retiré, me expulsaron porque no estaba de acuerdo con los acuerdos. Algunos no los firmé y no sabía que tenía que pertenecer a una agrupación y cuando supe, sólo logré afiliar a cinco –apuntó.
Quiñonez Loeza aseguró que más que malos entendidos se trata de un asunto de atención y se comprometió a medir las distancias en las tortillerías que le indicaron al tiempo que afirmó que las verificaciones en las distancias entre un molino y otro son permanentes y que de las 300 tortillerías existentes, en 30 casos no cumplen con el reglamento, pero indicó que ya cuentan con licencia de funcionamiento expedidas por administraciones anteriores, por lo que es un asunto de derechos adquiridos que debe analizarse para encontrar una solución.
