Cientos de discapacitados mentales que fueron deportados en los últimos años podrían regresar a Estados Unidos legalmente, esto gracias a un acuerdo extrajudicial aprobado por la jueza federal Dolly M. Gee que cubre a inmigrantes con discapacidades mentales graves que fueron deportados sin que su competencia mental haya sido establecida.
El acuerdo abarca a detenidos en los estados de California, Arizona y Washington después del 21 de noviembre del 2011.
Los casos serán reabiertos y, de ser aprobados, el gobierno ayudará a los afectados a regresar al país, pagando incluso los costos de transporte de algunos inmigrantes.
La abogada de la Fundación de la Unión Americana para las Libertades Civiles del Sur de California, una de las organizaciones que representó a los demandantes en la querella colectiva contra el gobierno, dijo que esta resolución es un acuerdo verdaderamente histórico.
El acuerdo surge a raíz de una demanda presentada en el 2010 a nombre de José Antonio Franco González por la fundación del ACLU del Sur de California, el bufete Sullivan & Cromwell LLP, las organizaciones Public Counsel, Northwest Immigrant Rights Project, Mental Health Advocacy Services, el Proyecto de la ACLU para los Derechos de Inmigrantes, la ACLU de los condados de San Diego & Imperial, y la ACLU de Arizona.
En el 2013, una orden judicial derivada de la demanda sostuvo que los inmigrantes con discapacidades mentales serias tienen derecho a representación legal si se demuestra que son incompetentes para representarse a sí mismos.
Al año siguiente, otra orden judicial ordenó que el gobierno federal ofreciera evaluaciones integrales y determinaciones de competencia mental.
Estos fallos, sin embargo, dejaron al aire los casos de cientos de inmigrantes que habían sido deportados antes de que las órdenes judiciales entraran en vigor.
