El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, cuyo propósito es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Conforme al documento avalado en lo general con 205 votos a favor, 0 abstenciones y 128 en contra, se precisa que los medios de comunicación tendrán garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.
En la discusión en lo particular, participaron 19 oradores (PRI-PRD-Morena-PVEM-MC y PES), quienes presentaron 103 propuestas de modificación a 61 artículos reservados, de las cuales fueron aceptadas dos. Una del diputado Ricardo David García Portilla (PRI) a los artículos 4, 7, 18, 24, 41 y Sexto Transitorio, cuyo propósito es mejorar los controles democráticos en la contratación de la publicidad oficial.
La segunda, del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) al artículo 5, con la intención de agregar el principio de veracidad, “ya que es ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien lo que hacen si no son apegadas a la verdad”.
El dictamen, enviado al Senado de la República, precisa que la ley será aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos, que sea transmitida en el territorio nacional o en el extranjero; los tiempos oficiales serán utilizados por los entes públicos que tengan acceso a ellos, para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social.
