El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró, ante Procuradores de Justicia y Fiscales del país, que “contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y efectiva es una demanda y un derecho de los ciudadanos; asegurar que así sea es una obligación de todos nosotros”.
Consideró que la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales y una Ley General Penal “significará un cambio de fondo al sistema de justicia en nuestro país; son además, reformas contempladas en la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia para los mexicanos que el Gobierno de la República ha puesto en marcha”.
Destacó que el sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica. “La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio más trascendente en el último siglo en el paradigma que habíamos construido en materia de justicia penal, y hoy tenemos uno nuevo, que fue aprobado por el Constituyente Permanente, y donde Poderes y órdenes de Gobierno estamos trabajando y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo para lograr el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que prevé nuestra Carta Magna”.
Por ello, refrendó “el compromiso del Gobierno de la República de trabajar, junto con las autoridades estatales y los Poderes judiciales, para que esta Reforma sea una realidad en todo el territorio nacional”. Esto será fundamental, abundó, “toda vez que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad”.
Asimismo, se garantizará el debido proceso a cualquier persona y se respetará el principio de presunción de inocencia. Además, todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, indicó.
Al inaugurar la 29ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Presidente Peña Nieto señaló que la sociedad espera respuestas oportunas y eficaces; “espera también un cambio positivo no sólo en las policías o en los ministerios públicos, sino especialmente en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”.
Estoy seguro, añadió, que si trabajamos juntos, con respeto a las distintas atribuciones y responsabilidades que tienen Poderes y órdenes de Gobierno, “pero sobre todo, con la misma visión compartida de lograr un México de paz, de tranquilidad y de plena vigencia del Estado de Derecho, el rostro de nuestro país será otro”.
Tras apuntar que la tarea que tienen por delante el Ministerio Público y las Procuradurías de Justicia del país, tanto federal como en las entidades federativas, “es no sólo asegurar que su actuación sea implacable, sino sobre todo, impecable”, el Titular del Ejecutivo Federal resaltó que “el ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel”.
Las áreas de procuración de justicia, agregó, “deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que, dentro de la investigación, permitan asegurar que todo aquel que delinque realmente pueda ser sometido a la aplicación de la justicia con los elementos que aporte”.
Precisó que también es necesaria una visión compartida para que “podamos generar una sinergia ganadora y eficaz en esta tarea de la procuración de justicia”, por lo que reconoció la disposición de los procuradores y fiscales generales “para construir juntos un México en paz, donde la seguridad y la justicia sean una práctica cotidiana”.
El Primer Mandatario dijo que si se reducen el delito y la impunidad “los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas”. Asegurar la aplicación irrestricta de la ley, nos va a permitir impulsar o tener mejores condiciones para el crecimiento económico, y en consecuencia, para el desarrollo social, recalcó.
Confió en que el establecimiento de condiciones de mayor seguridad, en un mediano plazo, permitirá que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y en la autoridad.
