Mediante una carta abierta dirigida al Congreso de la Unión, la organización México Evalúa pidió no esperar y aprobar de manera urgente la Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados y el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado.
Dirigida a las comisiones de Gobernación, Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, así como a las de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Segunda, de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, la organización señaló que la democracia mexicana enfrenta en los últimos años uno de los mayores retos para su consolidación.
Dijo que requiere fortalecer su marco institucional para que la aplicación de la ley genere las condiciones para una rendición de cuentas cabal de todos los servidores públicos del Estado.
Es por ello, que los esfuerzos de los últimos meses para consolidar propuestas legislativas que sienten las bases tanto de un Sistema Nacional de Transparencia como de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción deben llevarse a buen puerto a la brevedad.
Los recientes y lamentables escándalos de opacidad, presunto abuso de la función pública y utilización de recursos para beneficiar funcionarios tanto de empresas del sector público como del sector privado nos recuerdan que el Congreso de la Unión no puede retrasar más la aprobación de la minuta de la Ley General de Transparencia, bajo análisis en la Cámara de Diputados ni la del Sistema Nacional Anticorrupción que está siendo revisada en la Cámara de Senadores.
Refirió que las propuestas son el resultado del trabajo conjunto de legisladores, organizaciones de la sociedad civil y academia. Reconocemos la apertura y el ánimo de colaboración de los Diputados y Senadores, en este sentido, y consideramos que lo aprobado hasta ahora representa un avance sustantivo.
Por un lado, articula la labor de las distintas instituciones del Estado Mexicano para fortalecer considerablemente la transparencia de sus decisiones, abriendo el espacio a la ciudadanía para conocer sus fundamentos, los usos del erario y el contenido de investigaciones en casos de violaciones de derechos humanos. Por el otro, coordina las instancias del Estado encargadas de atajar y combatir la corrupción.
Señalaron que en el caso de la Ley General de Transparencia ha aumentado el número de sujetos obligados a transparentar la información pública, de forma tal que los tres poderes públicos, los órganos autónomos, los partidos políticos (incluidos los grupos parlamentarios), los fideicomisos, los fondos públicos, los sindicatos y todo aquél ente que ejerza recursos públicos serán sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y deberán responder a las obligaciones de transparencia que ésta impone.
