Diputados de diferentes bancadas pidieron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se convierta en botín político y no se utilice con fines electorales.
La funcionaria federal compareció este miércoles ante las comisiones de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, para explicar los alcances de ese programa, que comprende una población objetivo de 7.4 millones de personas y en su primera etapa involucra a 400 municipios.
La diputada Josefina García Hernández (PRI) pidió información sobre los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada y cómo serán evaluados los avances del programa.
Margarita Licea González (PAN) preguntó sobre las medidas para blindar los recursos, que no se utilicen como “botín político” y que lleguen a su objetivo, toda vez que el decreto no precisa indicadores de medición ni resultados.
Qué se tiene previsto respecto a la vigilancia y seguimiento del programa, así como la medición de resultados, cuestionó, por su parte, el diputado perredista Uriel Flores Aguayo.
Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (PVEM) solicitó información sobre la puesta en marcha de un programa alternativo, que incluya los municipios que no fueron enlistados en ese programa y cómo se logrará el objetivo cero hambre planteado en la Cruzada.
Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) indicó que el programa contiene tintes paternalistas y de carácter electoral, ya que carece de un plan integral de combate al problema alimentario en todo el país.
Cuestionó las acciones que se llevarán a cabo para subsanar a los municipios que no fueron incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y señaló que no se menciona la cantidad de egresos que destinará la federación para erradicar la pobreza.
Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) preguntó el criterio con el que fueron destinados los recursos de combate a la pobreza y aseguró que los municipios con mayor población indígena fueron excluidos.
Pidió actuar con congruencia y responsabilidad para no lucrar con desigualdades históricas que han padecido por siglos las comunidades indígenas.
La funcionaria federal rechazó que haya un criterio electoral en la Cruzada Nacional contra el Hambre y recordó que en las elecciones de julio próximo, en 14 estados, están involucrados mil 432 municipios, de los cuales sólo 213 forman parte de los 400 que contempla este programa en la primera etapa.
Robles Berlanga especificó además que en esos 213 municipios en donde se aplicará la Cruzada, 113 se rigen por el sistema de usos y costumbres, por lo que el programa se aplicará de manera efectiva en 100 ayuntamientos en proceso electoral.
Descartó riesgos de un mal uso de los recursos y aseguró que se trabajará de manera conjunta con las autoridades locales, independientemente de su filiación partidista, para supervisar que la Cruzada llegue a los 400 municipios de atención prioritaria.
Indicó que para tener la certeza de que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se llevará a cabo sin tintes electorales, se trabajará en conjunto con las autoridades estatales y municipales, así como con la ciudadanía.
Puso de ejemplo al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo ((PAN-PRD-Convergencia y PT), quien le solicitó que iniciara de inmediato la aplicación del programa y no se postergara a pesar de las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio.
También dijo que será hasta el año 2015 cuando se vean reflejadas las cifras de los indicadores importantes para la medición de la pobreza y los resultados de la Cruzada, indicó la secretaria de Sedesol, Rosario Robles.
Tras concluir la comparecencia, la diputada María Beatriz Zavala Peniche (PAN), insistió ante la prensa en la necesidad de aplicar un “blindaje electoral” en los municipios en que este año se llevarán a cabo comicios y dijo que México requiere avanzar en democracia y que no se busquen votos a través del reparto de recursos de programas sociales.
Precisó que le solicitó a la titular de Sedesol que se suspenda la entrega de recursos 40 días antes de las elecciones locales, además de que se publiquen las reglas de operación de ese programa contra el hambre.
