La Cámara de Diputados exhortó a las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública establecer una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos, producto de navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet.
Se solicitó a los congresos locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, legislar en materia de seguridad en los espacios digitales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
En el dictamen con punto de acuerdo, se precisa que nueve de cada 10 internautas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, han visto pornografía en Internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas sobre temas que no tuvieron relación con lo que estaban realizando.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, existen 30.5 millones de internautas, de los cuales 11.9 millones tienen 13 años de edad.
Cabe recordar que la División Científica de la Policía Federal de la extinta Secretaría de Seguridad Pública informó que mediante el monitoreo permanente de la red pública de Internet, en 2011 se formalizaron 15 denuncias ante el Ministerio Público relativas a delitos cometidos contra menores de edad, logrando, en febrero de 2011, la primera sentencia federal por el delito de pornografía.
Al fundamentar, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña expresó que los riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes cuando navegan libremente por Internet, son: el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito; juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol.
Otro riesgo, abundó, es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia. Esto aumenta el riesgo de ser víctimas de pederastia o de trata.
Precisó que aunque las niñas, niños y adolescentes pudieran ser experimentados en Internet, “ignoran y pueden manejar incorrectamente los peligros que su uso implica, puesto que el Internet se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir informaciones perjudiciales para ellos y para la comisión de diversos delitos”.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) resaltó que el fenómeno del Internet no sólo ha traído ventajas, sino ha presentado retos que obligan a modernizarse, pues existen desafíos como encontrar mecanismos de seguridad, impacto en el empleo, regulación de los nuevos medios de comunicación y la privacidad de los usuarios.
Refirió que de acuerdo con el Inegi, 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a Internet. Asimismo, el 30 por ciento de hogares mexicanos cuentan con equipo de cómputo en sus domicilios.
“La imposición de candados y restricciones, así como un monitoreo eficaz, no estarán a la altura del propósito si no se solucionan temas que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños y a los jóvenes, como son los conflictos familiares, las drogas, la baja autoestima, el maltrato y la violencia familiar”, agregó.
Instalar consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Otro dictamen, aprobado en votación económica, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a instalar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, expresó que este consejo tiene como atribuciones formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
Mencionó que de conformidad con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011, se fijó un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor, para que el titular del Ejecutivo federal constituyera el Consejo, pero el plazo venció el pasado 20 de abril de 2012 sin que hasta la fecha se haya instalado.
Esta ley, recordó, surgió por el empuje e iniciativa de las madres y padres de familia que perdieron a sus hijas e hijos y otros niños y niñas que resultaron con heridas permanentes en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, “con quienes por cierto, todavía tenemos muchos pendientes”.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) resaltó que la atención, cuidado y desarrollo integral de la niñez debe estar por encima de cualquier consideración burocrática o administrativa, porque es obligación del Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la infancia.
Indicó que es indispensable dar conclusión a ese mandato orientado a ofrecer mejores condiciones de atención a la niñez mexicana y dotar de tranquilidad a sus padres o tutores en el sentido de que las instituciones en las que confían el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral cumplan con los requisitos de ley.
La ausencia de este organismo, subrayó, ha facilitado que durante el año pasado el 70 por ciento de las cien mil guarderías registradas en el país no cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional, lo que representa un riesgo latente para los menores que tienen que permanecer en estos establecimientos un promedio de 40 horas semanales.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano) expresó que a partir de los terribles sucesos ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, supervise, evalúe y en su caso sancione la mala operación de los centros de atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, recordó, dispone las medidas precautorias que deben seguirse para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños.
Sin embargo, dijo, y a pesar de ser un avance importante en materia de protección civil, su cumplimiento no se está llevando conforme a lo establecido, ya que el Ejecutivo federal tiene la facultad de integrar un consejo nacional, y no lo ha hecho.
Dar prioridad al interés superior de la infancia
Un dictamen más, solicita a los congresos locales del país, legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña expresó que a la luz de la reforma constitucional relativa a los derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, es relevante que los congresos locales observen el interés superior de la niñez.
Lo anterior, dijo, toda vez que esa reforma constitucional da un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona, y sitúa a México a la par de los países que enfocan su atención y esfuerzos en la protección y defensa de los derechos humanos a través de mecanismos de vanguardia.
A su vez, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) mencionó que las niñas son uno de los grupos más discriminados por edad y por género, además de volverse invisibles en todas las facetas de sus vidas, desde la escuela hasta el trabajo.
Las niñas con bajos niveles de escolaridad, afirmó, tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana, mientras que las que han recibido una educación secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades de casarse en la infancia, “lo que hace de la educación una de las mejores estrategias para protegerlas y combatir al matrimonio en la infancia”.
Mencionó que casi 10 por ciento de la población total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentra en situación de violación de sus derechos.
