En un hecho sin precedentes, la Procuraduría General de la República (PGR) ha reconocido la participación de los policías municipales de San Fernando en la desaparición y asesinato de cientos de migrantes, entre ellos los 72 masacrados en agosto de 2010 en dicha localidad de Tamaulipas.
Pero no habrían actuado solos, los migrantes eran secuestrados por ordenes del cártel de Los Zetas, de quienes recibieron pagos por realizar labores de vigilancia e interceptar a personas cuando circulaban por las carreteras de la zona.
Esta es la primera ocasión que la autoridad federal reconoce que existió complicidad oficial en la masacre, luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenara divulgar la información que se había clasificado como reservada por más de 10 años.
La dependencia federal agregó que en 2010 y 2011, algunos agentes municipales fueron detenidos por sus vínculos tanto con la masacre de los 72 como por el hallazgo de fosas comunes.
De acuerdo con información entregada a la organización National Security Archive, alojada en la Universidad George Washington, de Estados Unidos, y quien desde hace cuatro años solicitó la desclasificación de documentos a través del IFAI sobre la masacre de los 72 migrantes, los uniformados recibieron pagos del grupo criminal los Zetas y fueron detenidos por estar relacionados con el hallazgo de 194 cuerpos en fosas clandestinas, en 2011.
“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, señala la Nota Informativa que PGR entregó el pasado 10 de diciembre a Archivos de Seguridad Nacional (National Security Archive).
