La senadora Layda Sansores Sanromán, así como senadores del PAN, PRD, PT, presentarán este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, quien estuvo acompañado por los perredistas Mario Delgado Carrillo, Manuel Camacho Solís, de los panistas Roberto Gil Zuarth y Víctor Hermosillo y Celada; y del PT, Manuel Bartlett Díaz, y manifestó que la acción tiene el apoyo de otros 59 senadores.
El legislador explicó que para la aprobación de la homologación al IVA se violaron los principios de razonabilidad y racionalidad legislativa, a los que obligan los artículos 16, 31 fracción IV, 49 y 134 de la Constitución, ya que fueron falsos los argumentos de la reforma para incrementar la tasa del IVA del 11 al 16 por ciento.
Señaló que la SCJN ya se manifestado en jurisprudencia, en el sentido de que la función legislativa encuentra su límite en que las normas creadas sean racionales. En ese sentido, dijo, los argumentos que sirvieron como base para el incremento no cumple con esa racionalidad ni razonabilidad, como la Constitución obliga.
Asimismo, informó que los ocho estados fronterizos, de acuerdo con información del SAT, están dentro de las diez entidades que más pagan a pesar de la tasa del 11 por ciento.
En tanto, el senador perredista Mario Delgado Carrillo explicó que la otra acción de inconstitucionalidad, relacionada a la deuda solicitada por el gobierno federal por 70 mil millones de pesos, fue respaldada por 44 senadoras y senadores del PAN, PRD, PT y Layda Sansores.
Expuso que esta acción, presentada el pasado 6 de diciembre ante la SCJN, se busca revertir lo establecido en el artículo 2do de la Ley de Ingresos de 2014, que amplía el déficit presupuestal por 70 mil millones de pesos más, porque la Secretaría de Hacienda prevé una caída en sus ingresos durante el último trimestre.
Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto, bajo un supuesto pide una ampliación de la deuda, pero no justifica cual va a ser su destino, “lo más grave es que viola la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Precisó que dicha ley señala que ante una caída en los ingresos el gobierno debe, en primer lugar, reducir los gastos en Comunicación Social, reducir los bonos extraordinarios en personal; someter a un programa de ahorro a todas las dependencias públicas de gobierno y no afectar el gasto en materia de servicios públicos.
“Es un cheque en blanco por 70 mil millones de pesos adicionales y además eso lo mete en una ley que tendría vigencia a partir de enero 2014, por lo tanto no podría ser retroactiva. Entonces viola el principio de nulidad de la ley de ingresos y es una retroactividad que va en contra de lo que dice la propia ley de deuda y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se anulan todos los ordenamientos que vayan en contra de estas leyes. Eso es lo que se combate”, enfatizó.
Perseguimos, enfatizó, que queden nulos todos los contratos o cualquier acto jurídico relacionado con la contratación de deuda pública por estos 70 mil millones de pesos adicionales. Que se ordene al Ejecutivo Federal que exponga las causas económicas, financieras o de cualquier otra naturaleza que justifique la necesidad de mayor endeudamiento para el 2013.
Sobre el tema, el senador del PT, Manuel Bartlett, consideró graves “las medidas abusivas de los Ejecutivos” pues explicó que la ley establece que la deuda se aplica sólo para fomentar el desarrollo y no para gasto público y viola principios evidentes, “por qué no hace ajuste a Comunicación Social”.
En tanto, el panista Gil Zuarth comentó que se trata de un proceso Constitucional que impone una minoría parlamentaria en contra de una decisión mayoritaria y es quizá la primera ocasión en que se interpone una acción de inconstitucionalidad contra una norma de carácter fiscal.
“Lo que estamos buscando en esta acción de inconstitucionalidad no es solamente la nulidad, la anulación de esa reforma fiscal en las partes que ya fueron mencionadas, sino sobre todo que la Suprema Corte de Justicia fije un criterio sobre la razonabilidad de ciertas medidas impositivas y sobre todo en la formas que se deben aprobar y acreditar la deuda pública”, subrayó el panista.
