El presidente nacional y secretario general del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y Alejandro Sánchez Camacho, acudieron la mañana del lunes a las instalaciones de la PGR a presentar la denuncia de hechos, en espera de que tras realizadas las pesquisas, y si se confirma la responsabilidad de funcionarios federales y estatales, se les finque acción penal.
Zambrano Grijalva explicó que la denuncia fue un acuerdo de la Comisión Política Nacional del PRD por el uso ilegal de Sedesol de los programas sociales ejecutado por funcionarios del gobierno de Veracruz y de la Secretaría de Desarrollo Social.
El líder del PRD demandó que “no quede esto como algo que se consigne en el anecdotario de la picaresca política mexicana, sino que tenga un verdadero seguimiento y se finquen las responsabilidades que correspondan”.
Recordó que esta denuncia que presenta el PRD se suma a los casos presentados por el PAN en contra de 57 funcionarios y a las peticiones de juicio político contra Rosario Robles y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte en la Cámara de Diputados.
Insistió en que la firma del adéndum para continuar con el Pacto por México establece definir una ruta para realizar mesas de trabajo en los 14 estados donde habrá elecciones y forzar al desmantelamiento de la red de operadores de Sedesol que coaccionan el voto a cambio de la ayuda federal y estatal.
“Que se pongan plazos también para el desmantelamiento de la red de funcionarios político electorales del PRI que están al frente de las delegaciones de Sedesol y de otras secretarías que manejan programas sociales”, expresó.
Zambrano Grijalva recordó que la víspera en una gira por Baja California “ahí sigue tan campante Rosana Soto, delegada de Sedesol que hasta hace poco era la presidenta del PRI en el municipio de Tijuana y todo mundo sabe que anda a la compra del voto y la compra de conciencias con programas de Sedesol”.
Que sepa con mucha claridad el gobierno de la república que nosotros “no vamos a bajar la guardia, estamos en la exigencia y en la convicción clara de que se les dé seguimiento a esta denuncias, si hay responsabilidades en Rosario Robles y en el gobernador Duarte de Veracruz”, bueno que sean las propias indagatorias las que lo marquen.
Explicó que la denuncia de hechos contiene fundamentos legales y constitucionales muy sólidos.
A la PGR le exigimos que haga la investigación a fondo para que se haga lo que corresponda y se ponga un freno a este “manejo indebido de recursos públicos con fines electorales fuera de la norma, que quienes actúan violando la ley, quienes hacen mal uso de los recursos, quienes se coaligan para justamente actuar violando la ley pues sean castigados, justamente eso es lo que nosotros queremos, y si no hay responsabilidad pues que lo digan de cara al país ¿por qué no hay responsabilidad en estos funcionarios?”, abundó.
La denuncia presentada ante la PGR establece: “Es una constante en todos estos hechos, la actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo desempeño lo ejecutan en virtud del nombramiento expedido por la titular, la C. Rosario Robles Berlanga, quien es la responsable de la ejecución de los programas que integran la Cruzada contra el Hambre, cuyo uso indebido con fines políticos y electorales, es decir, con la finalidad de promover la imagen de su propia persona, de su superior jerárquico o de un tercero, actualiza la hipótesis de peculado”.
Y añade que: “Todos estos hechos, en los que se involucran al más alto nivel de los servidores públicos del orden municipal, estatal y federal, así como a militantes del PRI, que redundan el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y constituyen un ataque a las instituciones democráticas que consagra nuestra Carta Magna, en perjuicio de las libertades de sufragio y de asociación”.
En otro orden de ideas, Zambrano Grijalva se refirió a la posible reunión de los integrantes del Consejo Rector con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que podría llevarse a cabo mañana.
Al respecto, recordó que él en particular ha insistido en la necesidad de escuchar sus planteamientos en relación de la reforma educativa y derivado de ello asegurar por lo menos tres cosas: que se garantiza la gratuidad de la educación pública, que no se pondrán en riesgo los derechos laborales constitucionales de los trabajadores de la educación, y que las evaluaciones deberán hacerse no estandarizadas sino tomando en cuenta los contextos socioeconómicos culturales específicos en donde los educadores despliegan su actividad.
