Hace un par de días en redes sociales comenzó a circular información errónea a cerca de la supuesta aprobación de una iniciativa de Ley que castigaría hasta con dos años de prisión a toda aquella persona que grabara y difundiera videos de policías y funcionarios públicos.
Aunque el rumor se regó como pólvora debes saber que es totalmente falso pues la Constitución ampara a la ciudadanía para documentar irregularidades en el desempeño de las autoridades.
Así, toda persona tiene derecho a grabar o fotografiar a funcionarios públicos cuando considere que éstos realizan actos de abuso de autoridad, un derecho que está amparado en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
De acuerdo con Gilberto Santa Rita, profesor del Departamento de Derecho de la Ibero, el criterio usado por los policías para impedir que una persona les grabe es incorrecto, ya que grabar un abuso de autoridad es un derecho a la libertad de expresión de todas las personas, sin importar su ocupación.
