La violencia contra periodistas no se ha reducido, al contrario a momentos parece recrudecerse.
Y es que México permanece como uno de los entornos más hostiles para los periodistas online y los blogueros. La vigilancia no sólo afecta a los periodistas sino también al ciudadano común y corriente.
México es calificado como un país “parcialmente libre”, que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo.
En este clima de inseguridad, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team sugieren que la vigilancia estatal es generalizada.
Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, el organismo alerta el que los proveedores de servicios de Internet y de móviles almacenen los datos de los usuarios durante al menos dos años y proporcionen registros detallados de las comunicaciones a la policía, sin una orden judicial de por medio.
A pesar de la exigencia constitucional de que cualquier intervención de comunicaciones personales debe ir acompañada de una orden judicial el gobierno mexicano tiene amplios poderes para rastrear y vigilar a los ciudadanos.
Freedom House dice que la información filtrada de Hacking Team “es sólo el último de una serie de escándalos relacionados con aparatos de vigilancia de México”.
