El senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, se pronunció en favor de las comunidades campechanas y de la Península de Yucatán, las cuales son afectadas en su economía local al violentarse el artículo dos apartado B de nuestra Carta Magna, pues se han otorgado permisos para siembra de campos de soya genéticamente modificada (GM), dichas áreas, contaminan la principal actividad productiva de estas comunidades: la miel.
“En 2013, a través de un punto de acuerdo, solicité a SEMARNAT revisar este tema tomando en cuenta estudios especializados de CONABIO y otras instituciones que coinciden en sus conclusiones sobre el agravio al sector apícola con el uso de OGM”, comentó Lavalle Maury.
Cabe resaltar que como antecedente, ya se había anulado el permiso para la siembra de soya GM que había otorgado SAGARPA, sin embargo; en agosto pasado, el Juzgado 12° en Materia Civil del Primer Circuito, dejó sin efectos esta sentencia, lo que trae como consecuencia la posibilidad de volver a sembrar esta soya en un radio cercano a las colmenas y que se contaminen.
A lo largo de estos años, las comunidades han interpuesto alrededor de cien amparos para que sus derechos sean respetados. Dada esta problemática, Lavalle explicó que toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), garantizar que el sector mielero de Campeche y Yucatán no se vea afectado en su economía local ni en el mercado internacional.
“En mi estado, Campeche, 17 mil familias mayas se dedican al cultivo de miel, producto que ha logrado posicionarse en los más altos lugares a nivel mundial, no obstante; debido a algunos permisos otorgados, se ha perjudicado al mercado de Campeche y al de la Península de Yucatán, bajando sus ingresos en alrededor de 8 millones de dólares”- añadió el senador.
Con estas premisas, el senador por Campeche, a través de un punto de acuerdo solicita a SEMARNAT compartir un informe a detalle sobre las actividades realizadas a partir de los amparos interpuestos por las comunidades afectadas. “El objetivo de este punto es la solidaridad y el compromiso con el sector apícola; la garantía debe radicar en el respeto a su actividad económica, así como en hacer prevalecer sus derechos para llevarla a cabo en un ambiente sano”- finalizó el senador Lavalle.
