La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para que los partidos políticos procuren la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
Con la reforma al numeral 3 del artículo 218 del Cofipe, avalada por 425 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, se dispone de manera explícita la obligación de los partidos políticos de procurar la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país.
En el dictamen se resalta la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades indígenas en los órganos legislativos, a través de la oportunidad real y efectiva de acceder a cargos de elección popular.
Se menciona que los partidos políticos deben promover la participación de las comunidades indígenas, de conformidad a lo que establezca cada ente político y con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Al ser un derecho de las comunidades indígenas la participación y representatividad en el sistema federal democrático, se afirma que es una obligación de los partidos políticos “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan”.
En la fundamentación, la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) expresó que es importante salvaguardar los derechos de los indígenas. Uno de ellos es contar con una adecuada representación política al interior del Congreso de la Unión, toda vez que ha sido una de sus demandas.
Mencionó que en México existen 68 pueblos indígenas, cuya población estimada por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2010 asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional.
Esta reforma, precisó, es un pequeño paso. “Hoy avanzamos reconociendo el derecho de las comunidades indígenas a la participación y representatividad en el sistema democrático mediante la obligación de los partidos políticos en tanto entidades de interés público de materializar dicho derecho a través de los mecanismos idóneos”.
Resaltó que los partidos políticos deben promover la participación de las comunidades indígenas a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, de conformidad a lo que establezca cada ente político en el ámbito de sus facultades normativas, reglamentarias, fomentando la equidad y la participación.
Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez señaló que se requiere fortalecer los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, y promover estrategias y mecanismos tendientes al cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta Magna.
Abundó que con esta reforma se fortalecerá la participación de los integrantes de las comunidades indígenas en los cargos de elección y en su caso ser parte de los órganos legislativos.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) argumentó que el dictamen busca alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, lo que “marca un paso más en la consecución de los derechos humanos en México”.
Agregó que la redistritación de los 300 distritos electorales uninominales realizada en el año 2005 por el Instituto Federal Electoral no se tradujo ni en mayor igualdad ni en mayor presencia, de ahí la importancia de la reforma que obliga a los partidos políticos a promover y garantizar la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) denunció que el Poder Legislativo no se haya querido poner a la altura de los reclamos del pueblo de México, cuando éste es un tema estratégico.
Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Permisos constitucionales
Con 419 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, el Pleno Camaral aprobó nueve dictámenes de la Comisión de Gobernación para que diversos ciudadanos puedan prestar sus servicios a embajadas y consulados de gobiernos extranjeros.
De igual modo, por 375 votos en pro, 0 en contra y 46 abstenciones, se avalaron tres dictámenes que conceden el permiso constitucional necesario para que diversos ciudadanos acepten y usen condecoraciones que les confieren gobiernos internacionales.
