Ante el incumplimiento de los concesionarios al compromiso de brindar un servicio de transporte urbano eficiente, de calidad pero sobre todo seguro para el usuario, el diputado independiente Manuel Zavala Salazar presentó un punto de acuerdo al Congreso del Estado para exhortar al consejo general del Instituto Estatal del Transporte a que convoque a una sesión extraordinaria y reconsidere la propuesta de revocar el incremento a la tarifa de transporte urbano que se autorizó el 14de abril del presente año.
Ante el pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en el punto de asuntos generales, Zavala Salazar cuestionó el que a un año y ocho meses después, se haya dado lectura a dos iniciativas para reformar la Ley de Transporte, una presentada por él y la otra por su homólogo del PAN, Juan Carlos Lavalle Pinzón, en beneficio del usuario del servicio.
Indicó que presentaba el punto de acuerdo, retomando el compromiso que hizo el Jefe del Ejecutivo estatal, el presidente del Consejo estatal del Transporte, que preside Roberto Sarmiento Urbina, secretario de Gobierno, y el titular de dicho Instituto, Antonio Rodríguez para justificar el incremento del servicio en abril pasado, de que en un mes habría un servicio de calidad, pero ante todo, seguro.
-Cosa que al día de hoy y después de varios meses, no se ha cumplido –puntualizó y citó varios de los accidentes de tránsito en los que han resultado lastimadas varias personas, como las dos menores arrolladas -sobre la avenida Gobernadores-, y que “esto no cucó al tigre y se siguen dando estas víctimas”.
-Causa indignación y se sigue manteniendo la tarifa que incrementaron y que lastima los bolsillos pero sobre todo un Instituto del Transporte, inerte, un titular cómplice y un consejo estatal con su presidente que no cumplió su palabra de que las unidades estén en óptimas condiciones, que garanticen la seguridad de los ciudadanos y que pueda justificar más allá de gasolinazos, el incremento a la tarifa de 5.50 para adultos a 7 pesos y de 3.50 en caso de niños y estudiantes, a 4 pesos –indicó.
Por ello, dijo someter a consideración de la mesa directiva, la exposición de motivos de su propuesta, “como una de las demandas más socorridas en los últimos meses por parte de la mayoría de ciudadanos campechanos, que tiene la enorme necesidad de trasladarse de un lugar a otro”, servicio en el que lo más importante, es la seguridad del usuario.
-Siguen sin dar cumplimiento al compromiso –reiteró para luego pedir se someta a consideración del pleno la dispensa de trámite a su petición para que se apruebe de inmediato y se emita un exhorto al titular del IET y a su consejo estatal que preside Roberto Sarmiento Urbina, a que “convoque a una sesión extraordinaria de ese órgano colegiado, y reconsidere en dicha sesión la propuesta de revocar el incremento a la tarifa de transporte urbano, quedando de nuevo en 5.50 en adultos y 3.50 en caso de niños y estudiantes hasta en tanto que no se cumpla por parte de todos los concesionarios, un servicio digno, eficiente y seguro”.
A pesar de la petición expresa, el presidente de la mesa directiva, Pablo Sánchez dijo que se atendería su planteamiento en la próxima sesión ordinaria, por lo que Zavala Salazar le indicó que con ello violentaba la Ley Orgánica. Su señalamiento no tuvo respuesta alguna.
Sin embargo, momentos antes, si sometió al pleno la dispensa de trámite a una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se programe en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015, una partida extraordinaria para impulsar el deporte escolar y de ligas municipales en la entidad, que se aprobó por los legisladores locales, quienes también dieron su voto a favor del dictamen para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Campeche que promovió el Ejecutivo Estatal.
Por otra parte, también en el punto de asuntos generales, la diputada panista Yolanda Valladares Valle y Manuel Zavala Salazar, criticaron duramente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por rechazar las propuestas del PAN y de Morena, para realizar consultas populares en materia salarial y sobre la reforma energética, y se consideró que con ello solo demostraba que el Poder Judicial estaba al servicio del Poder Ejecutivo.
