Representantes de organizaciones civiles presentaron a la Comisión Educación su propuesta general para elevar la calidad de la enseñanza y “recuperar” la gestión educativa que “hoy responde a intereses burocráticos y políticos” ajenos al aprendizaje de los alumnos y a los derechos fundamentales de los decentes.
Al presentar el proyecto del colectivo 10 por la Educación, Francisco Landero Gutiérrez, expresó que “más allá de situaciones como las que se presentaron ayer”, la transformación educativa se logrará con las modificaciones a la legislación secundaria para concretar la reforma constitucional recientemente publicada en esta materia.
Sugirió definir la calidad de la educación como un proceso que debe generar “congruencia” entre objetivos, resultados y procesos del sistema, así como reflejar del desarrollo cognitivo y afectivo del educando.
Ricardo Raphael de la Madrid, de la Coalición Ciudadana por la Educación, enfatizó que México requiere transitar de un sistema de gestión de plazas y puestos docentes, donde se privilegian los criterios políticos por encima de la profesionalización, hacia uno basado exclusivamente en factores académicos y de desempeño profesional para el ingreso, promoción y permanencia de maestros.
En este sentido, propuso una reforma política a las instituciones “para recuperar tramos enteros de la gestión educativa que hoy responde a intereses burocráticos y políticos que no están alineados con el aprendizaje de los alumnos ni con los derechos fundamentales de los decentes, dos actores centrales del sistema”.
Planteó incluir a la Ley General de Educación “un sistema de evaluación que se defienda por su rigor científico y que implique una efectiva rendición de cuentas”, así como promover mayor participación de sociedad en la política respectiva y alinear la calidad de los servicios y la práctica docente con la mejora constante del aprendizaje.
Lo anterior, dijo, con el propósito de “proteger al sistema educativo frente a la captura de intereses ajenos a su buen funcionamiento a partir de la gestión profesional ymeritocrática de las plazas, los puestos y la carrera docente.
En su intervención, Milagros Fernández, del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, consideró pertinente que en la reforma se otorgue autonomía a las escuelas para que puedan implementar planes de mejora de acuerdo a su propio contexto.
Opinó que es fundamental que los centros escolares puedan determinar –de manera autónoma– la forma más eficaz para el ejercicio de los recursos, de su infraestructura y de la formación de sus maestros, a efecto de constituir una “verdadera comunidad de aprendizaje”.
Sin embargo, precisó, esa autonomía debe ir acompañada de mecanismos que evalúen la calidad de la enseñanza en las escuelas.
Para la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, sin participación social no se logrará una verdadera reforma educativa ni tampoco se alcanzará la calidad en educación.
Estimó necesario que los padres de familia sean incorporados en el sistema educativo, a fin de asegurar “la comunicación y armonía en coordinación con los educandos, educadores y directivos”.
Además, pidió que los tutores sean parte de los procesos de evaluación del sistema educativo y se les permita conocer el perfil de la planta docente, los objetivos educativos, metas, contenido de los planes de estudio, materiales e infraestructura.
El senador Raúl Morón Orozco resaltó que a la Comisión de Educación le interesa construir un andamiaje jurídico para que “la educación tenga otro derrotero”.
Para ello, atenderá las diferentes propuestas de las organizaciones que han impulsado el fortalecimiento del sistema educativo nacional, “porque creemos que todas las voces que tienen que ver con este puedan ser tomadas en cuenta”.
En el intercambio de opiniones, la senadora priista Mely Romero Celis destacó que los cambios a la Constitución aprobados por el Congreso representan sólo “el punto de partida” y aún se tiene que “consolidar”.
Consideró que es indispensable definir con claridad el término de calidad educativa en la ley porque tendrá repercusiones normativas.
La también senadora del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, manifestó que la evaluación docente debe contemplar varias aristas, porque no se puede pensar en el rendimiento escolar cuando los pizarrones se caen, los pupitres se rompen y los libros están deteriorados.
En opinión del senador Javier Corral Jurado, de Acción Nacional, la autogestión de los centros escolares ha sido la plataforma para descalificar este concepto, por lo que cuestionó a las organizaciones sociales sobre el tipo de cuotas que deben cobrar las escuelas.
Su compañero de fracción, Víctor Hermosillo y Celada consideró que “si no logramos que el tema educativo sea más importante que el fútbol en nuestro país, no vamos a llegar muy lejos” y para ello se requiere impulsar la participación de padres de familia en el proceso de enseñanza.
Para el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo México no cuenta un paradigma educativo y cada inicio de gobierno “se intenta imponer una moda sexenal en la educación”.
Dijo que en nuestro país no se puede desvincular a este sector del Poder y expresó que en su grupo parlamentario no coincide con la “satanización que se ha hecho de los maestros” porque parecería que quiere descalificar al magisterio para “imponerle lo que el gobierno quiere”.
En opinión del senador del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez, el Congreso de la Unión está ante un desafío que aún no ha sido suficientemente dimensionada y “tenemos la responsabilidad de aprobar una reforma educativa, en la que ya no tenemos pretextos para hacer un buen trabajo”.
