En la explanada del mercado Pedro Sáinz de Baranda, las inconformes causaron expectación y controversia con su campaña “Sácame de aquí”, al colocar una jaula donde una joven permaneció encarcelada por haber abortado, y sobre el armazón había un gran rosario elaborado en forma de cadenas donde repudian la intromisión de la jerarquía católica en cuestiones legales.
Anielka Guadalupe Ojeda May, expuso que en México las jóvenes son víctimas de criminalización y discriminación por abortar, sobre todo en estados como Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa y Yucatán, donde reformaron sus constituciones para dar estatus de protección a la vida desde el momento de la fecundación hasta la concepción, lo cual está muy por encima de los derechos de las mujeres.
“La criminalización, la persecución y el encarcelamiento de mujeres, evidencian la discriminación y la falta de respeto a su autoridad moral, a su libertad de conciencia, y coarta su proyecto de vida”.
En Campeche se retiró el párrafo constitucional que pretendía realizar dicha reforma, por el inicio de un proceso de amparo.
Ojeda May expuso que la penalización del aborto fomenta un señalamiento social hacia las mujeres que toman decisiones en el ámbito reproductivo, sin considerar que existen circunstancias que pudieron evitar que se llegara a la determinación de interrumpir el embarazo.
Hizo un llamado de conciencia a la sociedad, al Poder Legislativo, a los gobiernos locales y Federal y a la jerarquía católica, a respetar las diversas razones que llevan a las mujeres a interrumpir el embarazo, antes de criminalizarlas.
“Exigimos a las secretarías de Salud y de Educación Pública, a los gobiernos Federal y local, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las instancias estatales de la Juventud, tomar en cuenta esta situación y de acuerdo a su competencia romper esta cadena de factores que colocan a las jóvenes en la vulnerabilidad”.