A pesar de legisladores federales priístas dieron marcha atrás y asegurar que se evitará todo lo que tenga que ver con la censura en internet, contenida en la Ley de Telecomunicaciones, Edgar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, aseguró que la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones no pretendía censurar o bloquear ese servicio, sino censurar las páginas que inciten a la violencia, que promuevan la pornografía, el tráfico de menores, trata de blancas.
En entrevista al concluir la sesión ordinaria, el también coordinador de la bancada tricolor, aseguró que el planteamiento del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal como en la Senadores, el planteamiento era otro.
Dijo son sumamente importantes las redes sociales para los servidores públicos para informar sobre su trabajo, sus responsabilidades y son una gran oportunidad para acercar a los ciudadanos la información que “muchas veces somos incapaces de comunicar a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos”.
¿Son los medios para conocer lo que piensa la ciudadanía, o sea tener el pulso directo de la aceptación o rechazo de las medidas que toman, por parte de los ciudadanos? –se le cuestionó.
-Yo creo que a veces se acota mucho por el número de caracteres que ofrecen en servicio estos medios, siempre en los medios de comunicación, escritos y electrónicos, se puede uno expandir un poquito más en la información. Sin embargo, son medios excepcionales para poder informarle a la ciudadanía –fue su respuesta.
Agregó que los servidores públicos saben que a través de las redes sociales están expuestos al escrutinio público de su quehacer.
Por otra parte, sobre la elaboración de la Ley de Victimas, dijo que es una propuesta que debe enviar el Ejecutivo pues es una responsabilidad de ese orden de gobierno.
-Es responsabilidad de ese Poder, de emitir una propuesta en ese sentido porque finalmente son las autoridades judiciales y de seguridad quienes aplicarán esta ley de víctimas -apuntó.
A pregunta expresa sobre la importancia de este ordenamiento luego de la denuncia pública de que en Campeche hay abuso de autoridad, y se aplica la tortura, Hernández Hernández dijo que ésta práctica no se justifica por ningún medio.
–Sin embargo, es un tema delicado donde ya las autoridades judiciales y de seguridad han dado su punto de vista del comportamiento de esta situación aquí en el Estado y porque finalmente ocurrió esta polémica en ese sentido, por la información que emitió otra de esta dependencia.
-Estoy seguro que los elementos de seguridad y de la judicial aquí en Campeche, “no incurren generalmente en este tipo de prácticas. Muchas veces su misma responsabilidad, muchas veces los lleva a hacer algún abuso de su función en el sentido cuando llevan a cabo algún arresto.
–“Sin embargo, tortura, yo estoy cierto que es un tema y una acción que no se lleva comúnmente aquí en el Estado.
Por último, aunque dijo es un gran reto, pues se tienen que cumplir tres puntos como son la creación de un Instituto, una base de datos, entre otros requerimientos, para lo cual se requiere de un presupuesto, indicó que en el actual presupuesto del Poder Ejecutivo no está considerado la creación de ese Instituto, por lo que tendrá que presupuestarse para el próximo ejercicio fiscal.
