Al presentar a la opinión pública los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que el sistema carcelario de nuestro país atraviesa por una condición crítica, por lo que es necesario establecer un régimen de ejecución de penas que garantice el respeto a los derechos humanos.
Para la elaboración del Diagnóstico se visitaron un total de 101 centros de reinserción social estatales, 17 penales federales y tres prisiones militares, que albergan al 79.93% de la población penitenciaria del país.
Se pudo establecer que en el 2012 la población p enitenciaria era de 239,089 internos, de los cuales 11,411 eran mujeres y 227,678 hombres.
La capacidad total de los centros penitenciarios del país es de 194 mil 62 personas, lo que significa que existía una sobrepoblación de 45 mil 27 personas privadas de su libertad.
Durante ese año, la CNDH advirtió un incremento en el número de incidentes relacionados con riñas, motines, fugas y homicidios en diferentes centros de reinserción social. Se presentaron 73 hechos violentos con un saldo de 154 internos fallecidos, 103 heridos y 261 fugados.
Los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria muestran que en 65 de 101 establecimientos existe autogobierno, cifra que representa 4.3% más con respecto a la reportada en 2011.
En 49 prisiones se llevan a cabo actividades ilícitas, existen zonas de privilegios, donde hay presencia de objetos y sustancias prohibidas, prostitución y personas o grupos que ejercen violencia o control sobre el resto de los internos.
En 57 establecimientos hay hacinamiento originado por la incorrecta distribución de los internos, en 52 existe sobrepoblación y en algunos se duplica la capacidad instalada.
En 81 centros no hay separación entre reos procesados y sentenciados, aunado al hecho de que las actividades laborales y de capacitación son
insuficientes, lo cual impide lograr la reinserción social que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, en la mayoría de los centros penitenciarios la calidad de los alimentos y la atención a internos con requerimientos especiales como adultos mayores, personas con discapacidad e internos con adicciones es deficiente.
Entre los obstáculos que enfrentó el personal de la CNDH está la imposibilidad de recorrer y examinar las cárceles en su totalidad, porque se argumentó que las llaves de los candados de algunas áreas estaban en manos de los internos, además de que algunas celdas estaban cubiertas con cartones o cobijas para impedir la visibilidad.
Se advirtió desinterés de directivos y autoridades penitenciarias para coadyuvar con los visitadores, deficiencias para garantizar su integridad durante los recorridos, además de que en muchos casos la documentación no fue proporcionada o no se permitió entrevistar a algunos reclusos.
Para llevar a cabo el Diagnóstico se recabó información con los directores de los centros, personal de seguridad, de custodia y áreas técnicas; se aplicaron encuestas a internos y se realizaron recorridos en diversas instalaciones y módulos de cada prisión.
La CNDH manifiesta que la observancia del respeto a los derechos humanos de los internos no significa de ninguna manera relajar o debilitar las condiciones de seguridad al interior de los centros de reinserción social, ni mucho menos influir en modificar las penas impuestas por los jueces.
