El Instituto Nacional Electoral está a la espera de que se concrete la denuncia en contra de Jorge Rosiñol Abreu, candidato del PAN a la Gubernatura de Campeche, por la entrega de la tarjeta “La Buena” en la que ofrece 600 pesos como parte de un programa social, en caso de llegar a ser el Ejecutivo Estatal, sólo así, el árbitro electoral tendrá elementos para iniciar la investigación correspondiente o turnarlo al área correspondiente.
Lo anterior fue informado por Luis Alvarado Díaz, presidente de la Junta Local del INE Campeche, al señalar que si no existe denuncia por parte de los que se sientan agraviados no pueden hacer nada al respecto, pues hasta ahora, no hay denuncia oficial.
“Estamos abiertos a escuchar cualquier queja de cualquier partido o representante y ciudadano, por supuesto la PGR ha dispuesto en la FEPADE un ministerio público especial, para cualquier tipo de denuncias, quien sienta que hay una violación a la ley o una factibilidad de una comisión de delito tiene la libertad de que con los medios de prueba que considera que hay que aportar a la autoridad se haga un estudio y se dé una decisión en el ámbito legal que corresponda”, declaró.
Señaló que en primera instancia, Jorge Rosiñol debe de informar a la Unidad de Fiscalización cuánto erogó para la adquisición de estas tarjetas, aunque no del recurso que promete porque no lo está ejerciendo y en caso de ejecutarlo estará fuera de campaña.
“Es muy importante si esto se está haciendo por parte del candidato que esto aparezca en sus reportes de gastos de campaña y verificar de qué manera se está presentando este gasto, si es de él, porque si lo admite que es de él, procede a hacerse el conteo total al cual está obligado el partido, como al candidato y supervisión y análisis que tendrá que hacer la unidad de fiscalización. Cualquier gasto que se vaya a generar con motivo de la campaña es obligación de los candidatos informarlo a la autoridad“, aclaró.
Señaló que por “oficio” no puede ser investigado porque existe un reglamento para dar curso a las quejas y en caso contrario se corre el riesgo de que se pueda desechar la inconformidad, pese a que pueda haber delito.
“Cuando tengamos los elementos haremos una investigación si nos compete, pero no sancionaremos sino a quien le competa porque haremos llegar el expediente, si es el caso de fiscalización, si es el caso de la Fepade lo haremos de la Fepade”, concluyó.
