El Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta con la que crea un nuevo Órgano Autónomo Constitucional, encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia.
El Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta con la que crea un nuevo Órgano Autónomo Constitucional, encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia.
Con 88 votos a favor y 6 en contra, el documento fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
De esta forma, los senadores realizaron una adición al artículo 105 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.
Con esta medida, se busca evitar que el órgano garante tenga a su disposición la facultad explícita de recurrir a las controversias constitucionales, así como evitar que se vulnere el correcto ejercicio de las funciones que a cada órgano autónomo del Estado mexicano le corresponde.
Respecto a la designación de los comisionados, los legisladores establecieron que esta se realizará a más tardar 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto, además su número pasará de cinco a siete y serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno del Senado.
Se precisó que los comisionados que conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, podrán formar parte del nuevo organismo, previa petición formal al Senado de la República, y únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en este el IFAI.
Otro de los cambios es incluir nuevamente que el órgano garante sea imparcial, pues es una característica importante con la que debe contar para garantizar de mejor manera la transparencia y el acceso a la información.
La reforma faculta a ese órgano para hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, la cual “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional”.
No obstante, el consejero jurídico del gobierno podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional.
De igual forma, la enmienda establece en la Carta Magna que los organismos estatales garantes cuenten con autonomía y sean institutos especializados, imparciales y colegiados.
De esta forma, se faculta al órgano garante para actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados con asegurar el derecho de acceso a la información.
Sobre este asunto, al fijar posicionamientos, el senador Enrique Burgos García aseguró que la reforma pretende afirmar el derecho humano de libre acceso a la información pública y ampliar el disfrute de las libertades fundamentales en nuestro país, por lo que hizo un llamado a la asamblea para aprobar el dictamen “en pro de la transparencia y la rendición de cuentas”.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que con el proyecto se trató de establecer una modalidad del procedimiento de controversia constitucional y “la factibilidad de que la Corte conozca y resuelva sobre actuaciones de órganos constitucionales autónomos entre sí o con relación a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión”.
Lo anterior, precisó, también será aplicable al organismo garante que se propone crear en el artículo 6to. de la Constitución.
Por la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar mencionó que la transformación del IFAI en un órgano autónomo “constituye una importante decisión del Estado mexicano para generar mayores estándares de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de los datos personales.
La rendición de cuentas y la transparencia, dijo, son componentes esenciales de un Estado democrático, por lo que el gobierno está obligado a someterse que hacen los ciudadanos para permitir que éstos observen su actuación.
Desde su escaño y por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador Pablo Escudero Morales destacó la creación de un nuevo organismo para “revisar” a los tres poderes, sindicatos, fideicomisos, fondos, así como a personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
Por el PRD, Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que el dictamen fortalece el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública y a la protección de datos personales, porque además de otorgar garantía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información concede autonomía a todos los órganos garantes en las entidades federativas.
Expresó que aunado a ello, define a los sujetos obligados para que rindan cuentas como todo ente público que reciba recursos de la Federación; como los organismos públicos, sindicatos, partidos políticos, entidades federativas. “Lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano de acabar con la discrecionalidad de la información”.
Al fijar la postura del PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo señaló que con la reforma el IFAI pasa a ser un órgano autónomo y fortalecido que de manera oportuna y clara informe sobre el resultado de los recursos públicos, “con lo que se inicia una nueva era de transparencia total y sin excepciones”.
Manifestó que el dictamen obliga a todas las entidades y organismo públicos que reciban dinero de la Federación a transparentar sus finanzas y sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios de certeza, legalidad, independencia y objetividad, “con lo que México transita a una nueva etapa en la que el acceso a la información y la transparencia sean insumos accesibles que sirvan como elementos para enriquecer las políticas públicas”.
Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz dijo que esta reforma representa un retroceso y simulación, pues restaura una visión centralista, al establecer que las decisiones de este puedan ser motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que terminar con la autonomía del órgano garante.
“El dictamen fue producto de negociaciones informales y está plagado de posibilidades de opacidad, lo que representa un retroceso a la autonomía del IFAI, pues representa un enorme obstáculo para la demanda de transparencia”, manifestó.
La senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, señaló que con la aprobación de este dictamen se beneficia a todos, pues se otorga autonomía a los órganos garantes en su más amplia expresión, se desarrolla el principio de autonomía en el diseño constitucional y se inserta como eje rector en el funcionamiento del sistema nacional de transparencia y protección de datos personales.
Además -apuntó la legisladora priista- se da un paso firme en la consolidación del modelo democrático participativo e incluyente y se sientan las bases de un sistema de rendición de cuentas que ciudadaniza la gestión pública como tema de relevancia para todos.
Por su parte, el senador Fernando Torres Graciano, de Acción Nacional, precisó que se fortalece a los órganos de transparencia federal y local y se cimienta un marco legal sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información en los tres ámbitos de gobierno y en los tres poderes.
Además, llamó a los legisladores a avanzar en materia de combate a la corrupción, principalmente en la dictaminación relativa a la creación de un nuevo sistema nacional de combate a la corrupción para hacer de México una democracia transparente, moderna que no quede en principios y buena fe.
En la parte de discusión, para la senadora María del Pilar Ortega Martínez, de Acción Nacional, se trata de que los organismos de la transparencia sean “auténticos garantes y no mera simulación”, así como instituciones sólidas, confiables y especializadas y tanto a nivel federal como estatal no sean subordinados a los sujetos obligados.
El senador perredista Zoé Robledo Aburto comentó que la reforma “da un giro” al ejercicio del poder en nuestro país y con ella “estamos dando pasos importantísimos en esta lógica de olvidar esa vocación de oscuridad y construir una cultura democrática”.
En su oportunidad, la senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, manifestó que la erradicación de la opacidad facilita el combate a la corrupción y la inseguridad, por lo que a través de un marco jurídico sustentado en la transparencia se podrá vigilar el destino y manejo de los recursos públicos, así como verificar su uso social.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, dijo respecto a la controversia constitucional que es un mecanismo para que los órganos autónomos defiendan las competencias que originariamente tienen atribuidas a partir de la Constitución y no para combatir resoluciones adversas a las peticiones de acceso a la información por parte de los ciudadanos, “no es un elemento para vulnerar este principio, sino para garantizar la plenitud de la vigencia de las atribuciones que cada órgano tiene”.
En contra del dictamen, el senador David Monreal Ávila expresó que la reforma no debe ser rehén de un proceso legislativo “cerrado y opaco, autoritario e impositivo, carente de los mecanismos idóneos que permitan proteger nuestros datos personales, así como brindar realmente información clara y oportuna, sencillamente transparente”.
Detalló que la inatacabilidad a las resoluciones del IFAI significa que el órgano especializado en materia de transparencia y acceso a la información garantizará este derecho humano y velará por el cumplimiento de la Constitución, tratados internacionales y la ley de la materia, pero que con dicho candado el Presidente de la República sobreprotegerá intereses partidistas y particulares que considere legítimos e ilegítimos y tendrá la facultad de ocultar arbitrariamente información que le pueda perjudicar.
El senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, aseguró que lejos de un retroceso, se trata de una reforma de gran calado que consolida uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático, el cual otrora había estado sujeto al contentillo de los gobernadores quienes interferían en la actuación de los organismos locales garante de la información pública.
