A través de un comunicado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación y una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado federal en Chiapas de la entonces Sagarpa.
Cabe destacar que Uc Hernández actualmente busca la precandidatura a la gubernatura de Campeche por el partido Fuerza México.
De acuerdo a la dependencia federal, se detectaron irregularidades en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
“La Función Pública, encabezada por la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, consiguió confirmar la sanción que impuso a un ex delegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016”, precisa el documento.
“La Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”, expuso la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
Las irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos.
Por tal razón, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
En 2020 la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.
