Juan Méndez, relator de la ONU, no sólo ratificó que la tortura es una práctica “generalizada” en México, sino que es una “epidemia”, y reveló que recibió “presiones” de diplomáticos mexicanos para que corrigiera el contenido de su informe.
Manifestó que ratifica las conclusiones de su documento, pues “no he encontrado todavía ninguna razón para cambiarlas”, por lo que demandó un diálogo más constructivo y civilizado “que lleve a México a poder lidiar mejor con la epidemia de tortura que tiene”.
Apuntó que hubo llamadas telefónicas, encuentros con Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales de Ginebra, así como una carta del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en las que le insistían eliminar el término de “generalizado” del informe que presentó el 9 de marzo pasado.
Calificó de “falsas” las acusaciones de Lomónaco. Expuso que nunca expresó que la metodología que usó para elaborar su informe fuera “rudimentaria” e “insatisfactoria”.
Sus palabras, dijo, fueron sacadas de contexto, en el mejor de los casos, y aclaró que se refería exclusivamente al procedimiento de quejas que aplican los relatores especiales.
Añadió que el Gobierno mexicano se equivoca al decir públicamente que su informe está basado en 14 casos, pues éstos involucran a 107 mexicanas y mexicanos que fueron víctimas de tortura.
