La situación económica de las familias campechanas no está en condiciones de absorber un aumento en la tarifa del servicio de transporte público urbano. El Gobierno del Estado no debe aceptar medida de presión alguna como la que ejercen los concesionarios del servicio, que piden incremento a la tarifa o un “subsidio” oficial. Son empresarios y lo que no deja, se deja, señaló el diputado petista Antonio Gómez Saucedo.
-Estamos en contra de cualquier incremento a las tarifas de transporte urbano en la entidad porque las condiciones económicas de las familias no permiten absorber este impacto sobre un servicio de primera necesidad como es el transporte; segundo punto, si no es negocio, si están perdiendo, si creen que no reciben una compensación económica adecuada, que vayan al Instituto Estatal del Transporte, entreguen su concesión.
Agregó, las autoridades deberán buscar los caminos adecuados para tener el servicio sin peticiones excesivas de crecimiento.
Gómez Saucedo indicó los concesionarios se acostumbraron a que durante muchos años se les dio un subsidio en combustible, por 5 mil pesos por unidad.
-Lo tomaron como un ingreso propio y no invirtieron en la renovación de sus unidades, jamás hicieron ahorros, lo metieron a su gasto personal corriente y hoy se quejan de que no tienen lo suficiente para dar mantenimiento a las unidades, subrayó.
Consideró el Gobierno del Estado debe reunirse en su momento con los concesionarios y plantearles: si no es negocio, si no les es viable económicamente, retirarles las concesiones, licitarlas de nuevo pues afirmó habrá muchos campechanos que pudieran entrar en el sistema de retomar las concesiones o, bien, aplicar esquemas de cooperativas para brindar el servicio.
-Pero no deben ceder a la presión que ejercen los concesionarios; no es exigir aumento a la tarifa o me tienes que dar un subsidio. Son empresas y no se valen los chantajes, finalizó.