Por presunta “Negligencia Administrativa”, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Eduardo Rodríguez Abreu, fue suspendido de sus labores de acuerdo a una información del Órgano Interno de Control, especificado en el expediente DR-0178/2011.
Al intentar cuestionar al funcionario federal acerca de las causas de esta suspensión de quince días, simplemente se negó, dando instrucciones a su personal que no hablará del tema, sin explicar los motivos de su silencio.
Y es que según datos publicados en el Sistema de Registro de Funcionarios Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, Rodríguez Abreu fue suspendido desde el pasado 22 de octubre del 2012, por lo que deberá regresar hasta el próximo 5 de noviembre del 2012.
Este resolutivo, fue dado a conocer el pasado 18 de octubre, previo a la visita del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, y pese a la suspensión, Rodríguez Abreu continúa laborando, y ha optado por no dar declaración alguna.
Esta nueva pieza de información se añade los señalamientos que el periodista Vladimir de la Torre ha publicado en su columna “Golpe de Timón” del diario Expreso en el que acusa al Delegado de la SCT de recibir sobornos y cuestiona sus interesas económicos con empresas que trabajan en el proyecto carretero Campeche-Mérida.
De la Torre Morín dice que las constructoras “Constructores Unidos de Campeche S.A. de C.V. (CUCSA)” y “Constructora Gordillo S.A de C.V.” compraron el terreno donde se construye la casa del Delegado, afirmaciones que no ha podido ser desmentida por ninguno de los implicados.
Otra de las aristas de las afirmaciones corresponde a la adquisición de palmeras a cuatro veces su valor, para adornar la carretera en cuestión, pero ni el delegado ni nadie de los señalados ha presentado una factura que corrobore su inocencia.
En entrevista con Campeche.com.mx el delegado dijo lo siguiente: “A quien me toca entregar cuentas es a la Función Pública y ellos me han revisado todo mi actuar durante 38 años de servicio, no es primera actuación que tengo como servidor público, tengo más de 38 años de servicio, donde me han auditado todas mis obras, todos mis concursos, todos mis contratos y definitivamente no tengo ninguna observación, ninguna amonestación, ninguna sanción que venga de la función publica”.
Pero el “Sistema de Servidores Públicos Sancionados” desmiente sus afirmaciones en el expediente DR-0178/2011.
La múltiples irregularidades de este proyecto, que ha cobrado la vida de muchos campechanos que transitaban por él, no han sido suficientes para que las autoridades defiendan los intereses del estado con la decisión que amerita. Los tramos de Campeche y el que corresponde a Yucatán revelan diferencias en la calidad y ejecución de la obra que son evidentes para cualquiera. Y así y con todo el funcionarios se da el lujo de no dar declaración alguna, aunque quizá la suspensión misma lo prohíba.