En representación de la bancada de Morena, la diputada Elisa María Hernández Romero, presenta un punto de acuerdo para que comparezcan ante el pleno de la LXIV Legislatura, el Auditor Superior del Estado y la titular de la Secretaría de la Contraloría, e informen, el primero, sobre las revisiones hechas sobre la obra de la Ciudad Administrativa, y, la segunda, para que inicie indagaciones para supervisar las actuaciones de los servidores públicos en este proyecto.
Ante el pleno, la morenista Hernández Romero señaló en un acto sin precedentes, la gobernadora Layda Sansores se presentó ante los responsables de la obra más emblemática del pasado Gobierno estatal, la que señaló pudiera ser uno de los más grandes desfalcos y engaños a costa del dinero de la ciudadanía.
Indicó que la Ciudad Administrativa es una obra con más preguntas que respuestas, presenta irregularidades, omisiones, errores y excesos que apuntó pudiera presumirse un gran trasfondo de corrupción.
Presentó una rápida remembranza de la obra, que incluyó la inversión inicial anunciada de 500 mdp, constaría de cuatro edificios nuevos, instalaciones modernas, funcionales, dos estacionamientos y la primera fase estaría lista en el primer semestre del año en curso.
Agregó que la proyección millonaria fue insuficiente y “de pronto” se elevó a 900 millones de pesos, lo que consideró pone en entredicho los trabajos de presupuestación y proyección porque indicó los 400 millones de pesos que se dieron para concluirla, significaron un aumento del 80 por ciento del costo original.
Afirmó los diputados del partido guinda apoyarán a la Gobernadora y los responsables deben sufrir las consecuencias que marca la Ley y la obra “no se ve para cuándo concluya”, y se violaron por completo los protocolos de construcción desde el inicio.
La legisladora presentó cuatro acuerdos: solicitar la presencia del titular de la Auditoría Superior del Estado e informe las acciones que en ejercicio de sus atribuciones haya realizado y los resultados de éstas, sobre la Ciudad Administrativa; se le exhorta para que, a partir de este documento, autorice la revisión de toda la documentación sobre la obra de este ejercicio fiscal ante la presunción de irregularidades.
A la titular de la Secretaría de la Contraloría, inicie indagaciones para supervisar las actuaciones de servidores públicos y la validez de los acuerdos y, en su caso, si hay elementos apartados de la legalidad, se inicien los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades.