“El respeto de los derechos humanos es cuestión de voluntades políticas de las instituciones”, afirmó la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), Ana Patricia Lara Guerrero, tras señalar que de las 290 quejas recibidas hasta ahora, el 70 por ciento continúan siendo en contra de los organismos de seguridad pública tanto a nivel estatal como municipal.
Al ser cuestionada sobre el funcionamiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión, la funcionaria se limitó a responder que la dependencia a su cargo sólo hace la recomendación y que para arreglar la situación se necesita un cambio en la voluntad política y actitud de las instituciones.
“Nosotros nada más recomendamos, hacemos una petición, les decimos cómo deben de trabajar y son otras instituciones las que sancionan, como es la Contraloría del Estado, las contralorías internas son a las que corresponde sancionar a los servidores públicos”, dijo.
Agregó que en los últimos dos años alrededor de 80 servidores públicos han sido sancionados por violar de alguna manera los derechos humanos, y que hace cinco o seis años dos fueron suspendidos por practicar actos de tortura.
La funcionaria consideró fundamental otorgar a los servidores públicos sancionados, la oportunidad de conocer cual ha sido su falta de acción o motivación y se les capacite, sin embargo, en caso de cometen violaciones graves ser suspendidos e inhabilitados.
En este escenario, señaló la importancia de capacitar a los funcionarios sobre estos temas debido a que pueden violar derechos humanos tanto por acción como por omisión, al tiempo que consideró necesario romper la barrera en la que se pone a la comisión como una institución incomoda.
Comentó que muchas veces son los altos mandos los que necesitan ser capacitados para que comprendan cual es una violación a los derechos humanos, ya que en la medida en que dejen de hacerlo la confianza de la ciudadanía en estas instituciones se recuperará.
Mencionó que hasta ahora han emitido más de 75 recomendaciones e indicó que la dependencia también puede vigilar derechos relacionados con cuestiones ambientales y servicios públicos.
Por otro lado, reveló que debido a la difícil situación financiera del estado, no esperan incremento en el presupuesto, pero esperan conservar la cifra de 21 millones como la otorgada el año pasado.
