La Cámara de Diputados aprobó con 448 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y al artículo 18-r del Código Federal de Procedimientos Penales.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, señaló que los notables avances que incorpora esta ley se encuentran en varios aspectos, ya que se emplea una noción amplia de víctima en la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.
Precisó que la noción se construye en la ley desde dos semblantes. En uno, se considera como víctima a quien haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea en la forma directa a su persona o de manera indirecta.
En otro, dijo, la noción de daño, con lo cual se da en consideración de la lesión corporal, moral o material; la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima.
El documento, enviado al Ejecutivo federal, incluye el concepto de víctimas potenciales como las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
De esta forma, la ley establece los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales con la obligación del Estado para que a través de los tres órdenes de gobierno se garantice y salvaguarden sus derechos, lo que hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley.
También plantea que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
El dictamen de la Comisión de Justicia menciona que se otorga mayor participación a la sociedad civil y en particular a las víctimas y colectivos de víctimas en el diseño de políticas y acciones tendientes a su protección en todas las etapas previstas en la ley.
También se incorpora la definición de “hecho victimizante”, como los actos y omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, indica.
Refiere que la reforma al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales tiene el objetivo de que los fondos de apoyo a las víctimas cumplan con su cometido, por lo que deberán conformarse a través de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los fondos necesarios para tal fin.
En su turno, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) comentó que las reformas contienen elementos de gran importancia para la operatividad y eficacia de esta ley, tales como la definición clara del concepto de víctima, las adecuaciones a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, los mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas o la simplificación de los mecanismos de registro.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) indicó que el duelo que con esta ley se trata de cubrir es el de 88 mil 361 muertos y 120 mil víctimas de secuestro, extorsión y homicidio doloso. “Estamos dando respuesta a una emergencia nacional, a una de las atribuciones más importantes del Estado mexicano que es la protección de los derechos humanos de las personas”.
En tanto, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) refirió que durante los últimos seis años, más de 120 mil mexicanos se han desplazado de sus lugares de origen tratando de escapar de la violencia, aproximadamente 93 mil han sido ejecutados y poco más de 25 mil se estiman desaparecidos. “La Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituirlas y reintegrarlas sin mayores sobresaltos a la normalidad de la vida cotidiana”.
Por parte del PVEM, Tomás Torres Mercado dijo que esta ley debe verse como una reivindicación social y política “de los lastimados por la falta de reconocimiento y de aplicación de un principio que es el de autoridad. Esta reforma aborda la reparación del daño en el concepto patrimonial, también es la reparación del daño en lo moral”, sentenció.
La legisladora Margarita Tapia Fonllem (PRD) puntualizó que esta reforma es producto del diálogo entre sociedad y poderes públicos por crear un marco legal que respete los derechos humanos. “Con la modificación se hace posible la restitución de derechos, y se logra la intervención del Estado a fin de evitar que las personas sean vulneradas”.
Del PAN, Karina Labastida Sotelo consideró que las reformas que se realizan a la reciente expedida Ley de Víctimas solventarán algunas de las deficiencias que en su momento se hicieron notar. “Destacamos la necesidad de contar con un marco jurídico integral que complemente la protección de las víctimas del delito; es necesario aprobar el Código Federal de Procedimientos Penales”.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PRI) resaltó que con esta ley se brinda garantía, asesoría y representación jurídica a quien sea víctima de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. “Además, busca dar protección y medidas cautelares de seguridad en caso de que se atente contra la vida”.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) enfatizó que ya se ha dicho que toda ley es perfectible, “y seguramente ésta la podremos ir mejorando en el camino, pero es fundamental la enseñanza de cómo con la sociedad civil se puede llegar a construir acuerdos y mejorar las cosas, ésa es la gran enseñanza”, concluyó.
Se pronunció a favor del dictamen la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), quien calificó la reforma a la Ley de Víctimas como un esfuerzo perfectible, “porque se debe considerar que el concepto de víctima no surgió a raíz de los desaparecidos, las ejecuciones sumarias y los torturados; es muchísimo más amplio y hay que seguir trabajando”, concluyó.
