La organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) anunció que investigará posibles consecuencias del escándalo en la petrolera brasileña Petrobras en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
TI indica que las investigaciones en curso en Brasil han evidenciado los vínculos entre grandes empresas constructoras y el poder político, lo que plantea la posibilidad de réplicas de ese modelo de negocios en otros países de la región.
La justicia brasileña ha abierto investigaciones contra unos cincuenta políticos y otros tantos empresarios sospechosos de sobrevalorar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar los recursos para beneficios a diversos políticos en la región.
Este asunto ha salpicado al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en sus niveles más bajos de popularidad e inmersa en protestas multitudinarias, como las convocadas el pasado domingo en más de 200 ciudades del país, con unos 900.000 participantes.
Un ejemplo es el caso de Venezuela, donde cuatro de las empresas investigadas en Brasil recibieron más de 30 contratos gubernamentales en el país en los últimos años, lo que, según las investigaciones de la organización, apunta a una contabilidad opaca y una posible injerencia política.
El ámbito a investigar va desde sistema de transporte a infraestructuras de servicios básicos, prosigue la organización, que hace hincapié en el “derecho del ciudadano” a conocer el desarrollo de estas obras. Pero la atención no está solo en la petrolera pública. Las investigaciones incluyen otros organismos, ministerios y empresas públicas.
